Por Henrik Rehbinder
El fin de la era dorada del petróleo en California dejó desperdicios donde antes hubo riquezas. La industria que invirtió y se enriqueció con los pozos petroleros no quiere pagar el precio de la limpieza de su basura. Les deja la cuenta a los contribuyentes de California.
El camino para corregir una simple cuestión de responsabilidad se decide en unas horas cuando se vote el proyecto de ley AB 1167 de la asambleísta Wendy Carrillo. Una medida que, combinada con la legislación actual, crea un marco regulatorio mucho más adecuado que el presente para lograr que quienes se beneficiaron con la explotación de la perforación petrolera se hagan financieramente responsable después de su limpieza cuando ya dejaron de ser útiles.
Hace cuatro años la ley AB 1057 otorgó a la División de Energía Geológica (CalGEM), a cargo de la extracción petrolera, una autoridad discrecional para garantizar la limpieza de las perforaciones a través del pago de fianzas. Esta probó ser insuficiente para cubrir el costo real del procedimiento.
El Consejo de Ciencia y Tecnología de California (CST) calculó en 68,000 dólares el coste medio de la limpieza de un pozo en nuestro estado; mientras que el estimado oficial de fondos disponibles por perforación es poco más de 1,000 dólares. La diferencia es un golpe al bolsillo de los contribuyentes. Es necesario reforzar la regulación para que cumpla su cometido de hacer que pague la cuenta quien se llevó pingües ganancias.
La medida Ley de Prevención del Pozo Huérfano, bajo consideración en el Capitolio, pone fin a este mal negocio para los californianos. El proyecto evita que los pozos queden “huérfanos” sin un operador solvente, prohibiendo la transferencia de un pozo a otro propietario a menos que quien venda ofrezca una garantía financiera para pagar el coste total de su limpieza, un proceso denominado taponamiento y abandono.
Eso significa que ningún pozo de California podrá venderse hasta que el comprador -grande o pequeño, solvente o no- garantice que los costes de limpieza están cubiertos.
La medida es significativa y urgente por la cantidad de dinero que ahorra a las arcas estatales, para que pueda ser dedicado a fines más útiles en vez de pagar las cuentas impagas, y por la cantidad de cierre de perforaciones que se avecina.
El CCST estimó que ya hay 5,000 pozos huérfanos y cerca de otros 70,000 fueron identificados como sin producir y marginales, en vías de orfandad si no se hace nada.
Por ejemplo, Shell y ExxonMobil, que operan conjuntamente como Aera Energy, acordaron hace unos meses vender 23,000 pozos, 38% inactivos, a un grupo alemán. Un reportaje de ProPublica, indicó que la fianza global de Aera por tres millones de dólares cubrirá menos de la mitad de los 1,100 millones necesarios para la limpieza.
Es comprensible que la industria petrolera se oponga a una mayor regulación porque ahora puede decir que paga un precio por la limpieza ahorrando cientos de millones de dólares. Se queja que la nueva medida dificultará las transferencias futuras, perjudicando la operación de la industria.
Lo absolutamente inaceptable es que El Departamento de Finanzas de California está del lado de las petroleras en vez de defender el bolsillo de los contribuyentes. Es el caso de la burocracia que actúa como una amiga de la industria y que, ante la presión legislativa, defiende su ineptitud oponiéndose a un cambio.
El Departamento de Finanzas de California explicó que el proceso establecido por la AB 1167 duplica algunas medidas y acciones que ya están hoy en los libros con la CalGEM a cargo de su implementación. Eso significa que puede haber un aumento en los costos, por lo cual las autoridades estatales prefieren que todo siga como está.
Precisamente ese es el problema. La agencia reguladora estatal ya probó ser ineficaz en cumplir con esta misión que se le encomendó.
Una investigación realizada entre The Desert Sun y ProPublica mostró que la vigilancia es deficiente, que no se sabe si la petrolera cumple con las órdenes estatales después de ser intimada. La mayoría de las multas están por debajo de los 5,000 dólares a pesar de tener la autoridad de multar con 25,000 dólares diarios por incumplimiento y, como si fuera poco, tampoco se preocupa en cobrar lo que se le debe. Si CalGEM no cumple, se necesita una acción legislativa para que lo haga.
Las compañías petroleras opone a la mayor regulación diciendo que puede costar más dinero. En realidad, el ahorro de fondos se logra reforzando el sistema para que CalGEM vigile mejor los pozos, multe a los infractores, les cobre la sanción y se garantice que los responsables de la explotación petrolera no eludan sus responsabilidades vendiendo o declarándose en quiebra.
Para lograr eso es imprescindible la aprobación de la AB 1167. Los californianos tienen otras prioridades que necesitan fondos para gastar su dinero como para tirarlo pagando las cuentas de la industria petrolera.
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