La Proposición 29 busca control a costa de pacientes y contribuyentes

FILE - A patient undergoes kidney dialysis at a clinic in Sacramento, Calif., on Sept. 24, 2018. A state ballot measure would require a doctor, nurse practitioner or physicians' assistant to be present during treatment at an outpatient kidney dialysis clinic. This will be the third consecutive general election where voters have been asked this question. The two previous measures failed. This measure is backed again by labor unions who represent health care workers. And again, kidney dialysis companies are opposing it. Some have suggested the subtext of these ballot initiatives is a broader battle of labor unions attempting to organize workers at the state's more than 600 kidney dialysis clinics. (AP Photo/Rich Pedroncelli, File)

Manuel Ocaño

De acuerdo con un reporte a la legislatura de California, un sindicato intenta imponer

sus intereses y control a un sector crítico de salud de California a costa de pacientes

vulnerables y a cuenta de las ciudades, que pagarían sumas millonarias anuales. Esto

ocurriría si los votantes aprueban la Proposición 29.

Con esa proposición, ahora en las boletas electorales, el sindicato intenta obligar a

todas las clínicas de diálisis en el estado a contratar a sus agremiados, obligar a las

clínicas a proporcionar a ese sindicato toda su información financiera, y aplicar multas

mientras las clínicas se nieguen o se tarden en cumplir esas imposiciones sindicales.

El reporte, entregado a la legislatura de California, advierte que, para cumplir esas

exigencias sindicales, muchas de las 650 clínicas que ayudan a sobrevivir a más de

80,000 pacientes de insuficiencia renal tendrían que cerrar al elevarse sus costos o

negociar y ponerse en manos de un sindicato que desconoce esa atención

especializada.

Pero el informe también menciona que el impacto fiscal de la Proposición 29, si llegara

a aprobarse, será un “aumento de los costos del gobierno estatal y los gobiernos

locales, probablemente en decenas de millones de dólares anuales”.

El sindicato quedaría exento de esos cargos. En otras palabras, si se llegara a aprobar

la Proposición 29, cargarían con consecuencias las clínicas, 80,000 pacientes que

necesitan su ayuda para sobrevivir, los contribuyentes, el estado y las ciudades.

El sindicato que impulsa la proposición sería el único que efectivamente tendría

ganancias y beneficios, e incluso el control a fondo de ese sector de Salud Pública.

Esta es la tercera ocasión en que el mismo sindicato presenta la misma propuesta en

las últimas tres elecciones; en las dos anteriores la proposición fue rechazada porque

el electorado de California consideró que muchos de las decenas de miles de pacientes

de diálisis podrían enfrentar incluso riesgo de muerte si se aprobara la propuesta.

Pero en esta ocasión, de acuerdo con cifras oficiales, el sindicato ha gastado más

dinero que en las dos veces anteriores, alrededor de $8 millones, en una campaña con

la que trata de convencer a los votantes de que quiere incluir en las clínicas a sus

agremiados por si acaso los necesitan los pacientes, pero sin mencionar su intención

de control.

El reporte sobre esa proposición lo elaboró la Oficina de Análisis Legislativo, una

institución investigadora al servicio de la legislatura sin sesgos partidistas que reporta a

fondo a senadores y asambleístas de California.

Su reporte sobre la 29 informa, para empezar, que el personal que quiere imponer ese

sindicato es innecesario en las clínicas de diálisis, porque “el propio médico del

paciente supervisa el tratamiento”. Es decir que el médico que regularmente atiende a

un paciente con deficiencia renal, es el mismo que supervisa cuando su paciente está

en diálisis.

De esa forma los médicos y personal del sindicato resultan innecesarios, pero el

reporte dice que, además, la ley federal dice que cada clínica debe tener un director

médico, por lo general un especialista en diálisis y enfermedades renales, que

resolvería cualquier contingencia.

En su texto completo, la Proposición 29 también “obliga a las clínicas de diálisis a

revelar quienes son sus dueños” y a publicar esa información en su página web, dice la

Oficina de Análisis Legislativo.

Si una clínica “no reporta la información requerida o proporciona información inexacta”

a juicio del sindicado, le aplica una multa de $100,000 que puede ser reiterada.

Además de ejercer ese control, el sindicato causaría a las clínicas gastos que pueden

encarecer tanto los servicios, que muchas clínicas tendrían que cerrar, mientras el

sindicato quedaría libre de toda consecuencia.

“En particular, el requisito de la propuesta de que cada clínica tenga un médico,

enfermero practicante o asistente médico en el lugar durante todas las horas de

tratamiento aumentaría los costos de cada clínica en varios cientos de miles de dólares

anuales en promedio”, dice el análisis legislativo.

Advierte que entonces las opciones que las clínicas tendrían, serían negociar con el mismo

sindicato que las pone contra la pared, o decidan cerrar.

Kathy Fairbanks, vocera de la campaña No a la 29, dijo a un medio en San Francisco

que “los motivos de los grupos detrás de la Proposición 29 son la extorsión de las

urnas. No se trata de mejorar la atención al paciente; se trata de intentar sindicalizar a

los trabajadores de diálisis cuando hasta ahora le han dicho al sindicato que no están

interesados”.

El sindicato no respondió a lo inmediato a solicitudes de la prensa, pero uno de los dirigentes,

David Miller, de SEIU-UHW, dijo recientemente que las clínicas de diálisis son

negocios, no organizaciones sin fines de lucro y que piensa que esas clínicas deben

devolver de sus ganancias a sus pacientes

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