Manuel Ocaño
De acuerdo con un reporte a la legislatura de California, un sindicato intenta imponer
sus intereses y control a un sector crítico de salud de California a costa de pacientes
vulnerables y a cuenta de las ciudades, que pagarían sumas millonarias anuales. Esto
ocurriría si los votantes aprueban la Proposición 29.
Con esa proposición, ahora en las boletas electorales, el sindicato intenta obligar a
todas las clínicas de diálisis en el estado a contratar a sus agremiados, obligar a las
clínicas a proporcionar a ese sindicato toda su información financiera, y aplicar multas
mientras las clínicas se nieguen o se tarden en cumplir esas imposiciones sindicales.
El reporte, entregado a la legislatura de California, advierte que, para cumplir esas
exigencias sindicales, muchas de las 650 clínicas que ayudan a sobrevivir a más de
80,000 pacientes de insuficiencia renal tendrían que cerrar al elevarse sus costos o
negociar y ponerse en manos de un sindicato que desconoce esa atención
especializada.
Pero el informe también menciona que el impacto fiscal de la Proposición 29, si llegara
a aprobarse, será un “aumento de los costos del gobierno estatal y los gobiernos
locales, probablemente en decenas de millones de dólares anuales”.
El sindicato quedaría exento de esos cargos. En otras palabras, si se llegara a aprobar
la Proposición 29, cargarían con consecuencias las clínicas, 80,000 pacientes que
necesitan su ayuda para sobrevivir, los contribuyentes, el estado y las ciudades.
El sindicato que impulsa la proposición sería el único que efectivamente tendría
ganancias y beneficios, e incluso el control a fondo de ese sector de Salud Pública.
Esta es la tercera ocasión en que el mismo sindicato presenta la misma propuesta en
las últimas tres elecciones; en las dos anteriores la proposición fue rechazada porque
el electorado de California consideró que muchos de las decenas de miles de pacientes
de diálisis podrían enfrentar incluso riesgo de muerte si se aprobara la propuesta.
Pero en esta ocasión, de acuerdo con cifras oficiales, el sindicato ha gastado más
dinero que en las dos veces anteriores, alrededor de $8 millones, en una campaña con
la que trata de convencer a los votantes de que quiere incluir en las clínicas a sus
agremiados por si acaso los necesitan los pacientes, pero sin mencionar su intención
de control.
El reporte sobre esa proposición lo elaboró la Oficina de Análisis Legislativo, una
institución investigadora al servicio de la legislatura sin sesgos partidistas que reporta a
fondo a senadores y asambleístas de California.
Su reporte sobre la 29 informa, para empezar, que el personal que quiere imponer ese
sindicato es innecesario en las clínicas de diálisis, porque “el propio médico del
paciente supervisa el tratamiento”. Es decir que el médico que regularmente atiende a
un paciente con deficiencia renal, es el mismo que supervisa cuando su paciente está
en diálisis.
De esa forma los médicos y personal del sindicato resultan innecesarios, pero el
reporte dice que, además, la ley federal dice que cada clínica debe tener un director
médico, por lo general un especialista en diálisis y enfermedades renales, que
resolvería cualquier contingencia.
En su texto completo, la Proposición 29 también “obliga a las clínicas de diálisis a
revelar quienes son sus dueños” y a publicar esa información en su página web, dice la
Oficina de Análisis Legislativo.
Si una clínica “no reporta la información requerida o proporciona información inexacta”
a juicio del sindicado, le aplica una multa de $100,000 que puede ser reiterada.
Además de ejercer ese control, el sindicato causaría a las clínicas gastos que pueden
encarecer tanto los servicios, que muchas clínicas tendrían que cerrar, mientras el
sindicato quedaría libre de toda consecuencia.
“En particular, el requisito de la propuesta de que cada clínica tenga un médico,
enfermero practicante o asistente médico en el lugar durante todas las horas de
tratamiento aumentaría los costos de cada clínica en varios cientos de miles de dólares
anuales en promedio”, dice el análisis legislativo.
Advierte que entonces las opciones que las clínicas tendrían, serían negociar con el mismo
sindicato que las pone contra la pared, o decidan cerrar.
Kathy Fairbanks, vocera de la campaña No a la 29, dijo a un medio en San Francisco
que “los motivos de los grupos detrás de la Proposición 29 son la extorsión de las
urnas. No se trata de mejorar la atención al paciente; se trata de intentar sindicalizar a
los trabajadores de diálisis cuando hasta ahora le han dicho al sindicato que no están
interesados”.
El sindicato no respondió a lo inmediato a solicitudes de la prensa, pero uno de los dirigentes,
David Miller, de SEIU-UHW, dijo recientemente que las clínicas de diálisis son
negocios, no organizaciones sin fines de lucro y que piensa que esas clínicas deben
devolver de sus ganancias a sus pacientes
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