No en la Proposición 23

Editorial by Latino Times

Las malas ideas se repiten. Los votantes le dieron un rotundo rechazo hace dos años a la Proposición 8 sobre las clínicas de diálisis. Ahora vuelve la Proposición 23. Con algunos  cambios, pero con lo suficiente de lo antiguo para decirle: ¡No! 

Hace dos años el sindicato SEIU-UHW West llevó a la boleta electoral una iniciativa electoral para presionar a la industria de los centros de diálisis en su disputa laboral. No tenemos nada contra los sindicatos. Al contrario, suelen cumplir una función importante para la defensa de sus miembros. Pero acá la prioridad para los votantes debe ser otra.

Se estima que hay más de 80,000 personas que dependen de alrededor de 600 centros de diálisis. Para tener un buen tratamiento diálisis el paciente necesita 4 horas de diálisis, 3 veces por semana. Durante ese tiempo están conectados a una máquina cuyo fin es remover el exceso de agua, solutos y toxinas de la sangre. Hace el trabajo del hígado. Hay gente, los más afortunados, es tan solo un tiempo en estas rutina, esperando un trasplante. Los menos, están el resto de su vida en esta rutina. La alternativa es la muerte. 

Uno de los pilares de la proposición 23 es que haya un médico a toda hora supervisando los tratamientos. No suena mal a primera vista, pero observando detalladamente es una receta que no conduce a buen puerto para los pacientes.

El que un doctor esté presente 16 horas al día, siete días a la semana no garantiza nada. Las clínicas ya tienen un médico administrativo responsable de lo que ocurre. Un personal capacitado y especializado de enfermeras, técnicos dietistas y asistente sociales. La atención para el paciente de diálisis es mucho más que la conexión vital a una máquina. Es una rutina.

El motivo de preocupación es que la obligatoriedad de que un médico esté mirando cada pinchazo que se da será muy costosa para el centro de diálisis. El efecto será el cierre de clínicas. Si en el Valle de San Fernando hay alrededor de 15 clínicas, algunas de ellas pueden verse afectadas. Es un error pensar que todas las clínicas pertenecen a las empresas DaVita y Fresenius, la cual el sindicato tiene el conflicto. 

 Hay un 28% de centros sin fines de lucro que se verán perjudicados porque no tienen los bolsillos del sector privado. Los pacientes que asisten a ellos deberán recorrer más distancia para ser atendidos en un hospital a un costo más alto del contribuyente. Deberán hacer esperas en un sitio que no está preparado físicamente -con suficientes máquinas- y distrayendo la atención de un personal hospitalario que es requerido en otras tareas más urgentes.
 
El paciente de una enfermedad crónica como es la falla de los riñones necesita estabilidad.  Los estudios muestran que si pierde una sesión de diálisis al mes (o más) aumenta el riesgo de muerte en un 30% en comparación con alguien que asiste regularmente a la diálisis.

Los votantes no tienen nada que hacer en medio de una disputa laboral que puede perjudicar  la salud de los pacientes seriamente enfermos. ¡Diga No a la Proposición 23!

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